Las cooperativas de ahorro y crédito, así como otras cooperativas que manejen recursos financieros o realicen operaciones susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), son reconocidas como Sujetos Obligados No Financieros conforme a la Ley No. 155-17, promulgada el 1 de junio de 2017.
Dado su rol dentro del sistema financiero no bancario y su interacción directa con el público, las cooperativas tienen una serie de obligaciones legales y regulatorias orientadas a prevenir que sus estructuras sean utilizadas por organizaciones criminales para legitimar fondos de origen ilícito.
A continuación, se detallan las principales obligaciones que deben cumplir las cooperativas en virtud de esta normativa:
1- Estar inscrito en la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
2- Tener un-Manual de Cumplimiento
3- Tener un Código de Ética
4-Capacitación a todo el personal
5- Auditoría Externa Anual
6- Nombrar a un Oficial de
Cumplimiento.
El cumplimiento de estas obligaciones no es solo una exigencia legal, sino una responsabilidad ética y operativa para fortalecer la transparencia, la gobernanza y la sostenibilidad del sector cooperativo. La prevención del lavado de activos protege la reputación de las cooperativas, asegura la confianza de sus socios y contribuye al desarrollo de una economía más justa y segura.
El fortalecimiento de los controles en este sector es también un compromiso con la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo, en coherencia con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).