En los últimos años, el sector de la construcción en República Dominicana ha experimentado un crecimiento significativo, impulsado por una mayor inversión en infraestructura, tanto pública como privada. Sin embargo, este auge también ha traído consigo desafíos relacionados con la transparencia, la sostenibilidad y el cumplimiento de las normativas legales. En este contexto, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se ha convertido en un pilar clave para garantizar un desarrollo ordenado y ético en la industria de la construcción.
Cumplimiento de la Ley en la Construcción
El sector de la construcción es uno de los más expuestos al riesgo de lavado de activos debido a las grandes sumas de dinero que manejan los proyectos de construcción y la complejidad de sus transacciones financieras. Desde la adquisición de terrenos hasta la contratación de proveedores, se realizan numerosos intercambios financieros que pueden ser utilizados de forma ilícita si no se cumplen con los procedimientos adecuados.
¿Por qué es crucial cumplir con la Ley 155-17 en la construcción?
- Prevención de la corrupción y el lavado de dinero: La construcción ha sido históricamente un sector susceptible de ser utilizado para el lavado de dinero debido a la alta circulación de fondos y a la falta de controles estrictos en algunas áreas. Cumplir con la Ley 155-17 asegura que los fondos empleados provengan de fuentes legales, evitando que la industria se convierta en un canal para el financiamiento de actividades ilegales.
- Transparencia y confianza: Cumplir con esta ley fortalece la transparencia en las operaciones, lo cual es esencial para ganar la confianza de inversionistas, socios y el público en general. La industria de la construcción necesita mantener una imagen de integridad y profesionalismo para atraer inversiones tanto nacionales como internacionales.
- Responsabilidad social y sostenibilidad: La Ley 155-17 también subraya la importancia de la responsabilidad social empresarial. Los constructores deben asegurarse de que las empresas y los individuos con los que se asocian para realizar proyectos cumplan con todas las regulaciones y tengan prácticas empresariales sostenibles. Esto no solo es beneficioso para la comunidad y el medio ambiente, sino que también ayuda a evitar sanciones y repercusiones legales.
- Sanciones por incumplimiento: El incumplimiento de la Ley 155-17 puede acarrear graves consecuencias, incluidas sanciones económicas, la anulación de contratos o la suspensión de licencias. Para las empresas constructoras, esto podría resultar en la pérdida de proyectos importantes y daños irreparables a la reputación.
- Acceso a financiamiento: Las instituciones financieras están cada vez más estrictas en sus requisitos para otorgar créditos y financiamiento. El cumplimiento con la Ley 155-17 facilita el acceso a estos fondos, ya que los bancos e inversionistas prefieren trabajar con empresas que demuestren prácticas transparentes y legales.
La Implementación de la Ley en la Práctica
Las empresas del sector de la construcción deben adoptar políticas y procedimientos rigurosos para cumplir con la Ley 155-17. Esto incluye realizar una debida diligencia para conocer el origen de los fondos de los contratistas, proveedores y clientes, implementar mecanismos de monitoreo continuo de las transacciones y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades pertinentes.
Además, los profesionales de la industria deben mantenerse actualizados en cuanto a las regulaciones y recibir formación sobre cómo identificar señales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La adopción de tecnologías que ayuden a automatizar el cumplimiento de la ley también se está convirtiendo en una tendencia creciente en el sector.
El cumplimiento de la Ley 155-17 es más que una obligación legal; es una oportunidad para fortalecer la integridad, la transparencia y la sostenibilidad dentro del sector de la construcción. En un mercado globalizado y competitivo, aquellas empresas que se adhieren a estas normativas no solo contribuyen al bienestar social y económico del país, sino que también aseguran su propio crecimiento y éxito a largo plazo. La industria de la construcción debe ser un modelo de buenas prácticas, y cumplir con esta legislación es el primer paso hacia un futuro más seguro y próspero para todos.